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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejará el cargo a finales de septiembre. Pero antes de hacerlo, verá 💷 una de sus últimas misiones cumplida en gran medida: una reestructuración integral del poder judicial que dice que se necesita 💷 para luchar contra la corrupción.

Los cambios promovidos por el presidente cambiarían el poder judicial de un sistema basado en nombramientos, 💷 en gran medida fundamentado en la formación y las calificaciones, a uno en el que los votantes eligen a los 💷 jueces y hay pocos requisitos para postularse. Casi todos los más de 7,000 jueces de México podrían verse afectados por 💷 la medida, lo que la convierte en una de las reformas más amplias de su tipo intentadas en cualquier parte 💷 del mundo en décadas recientes, según académicos del derecho.

Los cambios se aplicarían a los 11 jueces actuales de la Corte 💷 Suprema; 1,635 jueces y magistrados federales; y más de 5,700 jueces a nivel estatal y local. Se eliminarían largas listas 💷 de requisitos para convertirse en juez, especialmente a nivel federal, lo que allanaría el camino para que las personas que 💷 simplemente tengan un título de abogado y unos años de experiencia legal puedan postularse.

La medida fue aprobada en la cámara 💷 baja del Congreso la semana pasada y superó su mayor obstáculo cuando fue aprobada estrechamente en el Senado el miércoles, 💷 incluso después de que manifestantes irrumpieran en el edificio e interrumpieran la sesión el martes. Ahora se dirigirá a las 💷 legislaturas estatales de México, donde se espera que sea fácilmente aprobada en los próximos meses.